La propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia no es nueva, ya que desde que se exilió en Canadá, el líder de los trabajadores mineros ha pugnado por eliminar la figura del outsourcing o terciarización.
La reforma laboral se encarga de supervisar la figura del outsourcing como método de empleo, y esto es lo que ha causado polémica en cuanto al impacto que generaría en caso de ser aprobada, en el sector laboral, el económico y hasta en la política de comercio exterior del país.
Deberían empresas enfrentarse a nuevo esquema laboral y fiscal
En este 2019 el senador por Morena dijo abiertamente que las empresas del sector minero en particular, pero todas en general, deberían prepararse para enfrentar un nuevo esquema laboral, regulatorio y fiscal.
Gómez Urrutia, quien ocupa asientos en las comisiones de Trabajo y Minería de la Cámara Alta, dijo que la nueva ley laboral pugnaría por la democracia sindical y que limitaría las facilidades que las grandes empresas tienen para contratar a trabajadores por medio del outsourcing que realizan empresas dedicadas a ello.
Los dardos de Urrutia se dirigieron sobre todo a empresas inmersas en la polémica por su rol en cuanto al medio ambiente y al trato laboral a sus empleados; es específico, Grupo México.
Sin embargo, al paso del tiempo, el senador por Morena se llevó una primera derrota ya que los trabajadores de la Mina San Martín, en Zacatecas, propiedad de Grupo México, dieron un paso a la democracia sindical al desprenderse del Sindicato Minero que controla el político morenista.
Regular el outsourcing como lo propone Gómez Urrutia, e inclusive suprimirlo, provocaría pérdidas relevantes en el país ya que se trata de una industria que genera por lo menos 4,400 millones y por la que se emplean a más de 5 millones de personas.
El problema es que muchas empresas en este negocio, como en muchos otros, evaden impuestos. De las plazas en estos esquemas, se calcula que apenas en 10% se cumple con los esquemas fiscales y que sólo 4 de cada 10 de las empresas en el rubro pagan sus impuestos de acuerdo a la ley. De hecho, se calcula que la evasión de impuestos entre estas empresas suma unos 450,000 millones de pesos.